martes, 5 de noviembre de 2013

La ginecóloga imputada en un supuesto caso de bebé robado se niega a declarar

Sólo ha respondido a cuestiones muy generales relativas a su puesto de trabajo. Cuando termine la fase de instrucción, si es citada de nuevo, podrá ser obligada a declarar
EFE, CÁDIZ | ACTUALIZADO 05.11.2013 - 13:59
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Unas 30 personas de SOS Bebés Robados se concentraron esta mañana a las puertas de los juzgados./Lourdes de Vicente
La ginecóloga llamada a declarar en el Juzgado número 4 de Cádiz se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha respondido a ninguna de las preguntas de la acusación para esclarecer su grado de participación en el supuesto robo de un bebé nacimiento nacido en el hospital de Zamacola en 1983. 
 
Según el abogado de la familia, Alberto Prián, la mujer, que ha estado apenas 45 minutos en la sede judicial, sólo ha respondido a cuestiones muy generales relativas a su puesto de trabajo y sólo cuando termine la fase de instrucción, si es citada de nuevo, podrá ser obligada a declarar. 
 
La imputación de esta persona se debe a las supuestas contradicciones en las que la facultativa incurrió al rellenar el parte de alta como son la posición del bebé en contradicción a la documentación que obra en poder de los padres. 
 
La familia espera que tras las pruebas que se han requerido, entre ellas la exhumación del cadáver y la declaración de otros testigos como matronas o facultativos que intervinieron en la operación, pueda esclarecerse lo que ocurrió. 
 
"Es un caso especial porque los informes dicen que el bebé tiene malformaciones lo que es fácilmente identificable", ha asegurado Prián. 
 
Para el hermano del bebé supuestamente fallecido, Jesús Alcina, la familia no pide castigos, sino que esta médica "se ponga la mano en el corazón y que declare sin miedos y que tire de la manta"
 
Desde las nueve y media de la mañana, una treintena personas pertenecientes a SOS Bebés Robados de Cádiz se concentraron a las puertas del juzgados para apoyar a la familia con pancartas en las que podía leerse "ayúdame a conocer a mis padres biológicos" o "señores jueces menos desahucios e investiguen nuestros casos". 
 
Los hechos investigados se remontan a 1983 cuando una mujer ingresó en la residencia Fernando Zamacola sin dolores de parto por una gestación prolongada. 
 
Aunque hasta entonces todo el embarazo había sido normal, cuando estaba a punto de dar a luz le dijeron que le iban a practicar una cesárea de urgencia y la anestesiaron. 
 
Tras la intervención, el personal informó al padre que el bebé había nacido con una malformación, circunstancia que no fue detectada en ninguna de las pruebas practicadas durante el periodo de gestación, y que ha falleció 30 minutos después del parto. 
 
Sin que los padres puedan verlo, supuestamente enterraron al niño en el cementerio de San José. 
 
Entre las contradicciones del caso se encuentra el hecho de que, aunque el padre se ofreció por tener un seguro, el hospital se hizo cargo de los trámites y gastos del entierro, no se les permitió asistir a sepelio ni se les informó de donde iban a quedar depositados los restos. 
 
Un mes después sí les llegó un recibo al domicilio familiar, supuestamente abonado por el padre, con los datos exactos. 
 
Asimismo, durante todo el embarazo los médicos informaron a la madre de que esperaba una niña, aunque en los informes el fallecido aparece como varón. 
 
Aunque no sea ordenada por vía judicial, el abogado confía en que la exhumación del cadáver pueda hacerse en un par de meses

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