El letrado no confía en que los
casos de robos de niños se esclarezcan porque los implicados confiesen
por remordimiento · Pero sí cree que la última sentencia favorable en
Madrid abrirá al final brecha en Cádiz
Rosa Romero / Puerto Real | Actualizado 21.10.2012 - 05:01
El abogado, durante la entrevista con este diario, en la nueva sede del colectivo en Puerto Real.
El
inicial plan de una entrevista de tú a tú se viene abajo rápido. Nos
encontramos en Puerto Real, ante el centro cívico Ciudad Abierta, donde
la asociación SOS Bebés Robados Cádiz acaba de inaugurar su nueva sede
en esa localidad, y el trasiego de afectados es continuo. Sin haber
podido acabar de formular la primera pregunta, llega una mujer corriendo
para saber cómo va su caso. "No sé si Chary (la presidenta provincial)
ya te ha pasado la declaración que hizo la matrona que atendió a mi
madre en el Juzgado", le pregunta a él. Él es Alberto Prián, el joven
isleño que desde hace escasas fechas se ha convertido en el nuevo
abogado que, junto al letrado jerezano Martín de la Herrán, va a
asesorar a los afectados de posibles casos de bebés robados. Llegaba a
la cita con ocho casos ya encargados, y sobre la marcha , le 'caen'
cuatro más.
Opositor a Notaría reconvertido en letrado "por frustración", bromea, lleva dos años de ejercicio, y tiene muchas ganas. Sin perder la sonrisa, atiende a los afectados, charla con este diario y contesta a su teléfono móvil, que no para de echar humo.
Se ha sumado hace muy poco a la dura batalla que libran desde hace tres años en Cádiz los afectados para intentar conseguir averiguar la verdad, qué ocurrió con esos niños que a las pocas de nacer les dijeron que estaban muertos y que, años después, han descubierto con horror que hay muchas lagunas, muchas contradicciones y, en algunos casos, que los restos de los cuerpos de los niños no están donde les dijeron que los enterraron.
Y se ha sumado por casualidad. Por una cliente, tía de un amigo suyo, a la que conoce desde hace años y que ahora busca a ese bebé que le dijeron que murió. Por eso entró en contacto con la asociación, y por eso se ha brindado a llevarles los casos, a asesorarles, porque le ha tocado de muy cerca. Y como a todos, le ha "horrorizado y emocionado". A partes iguales.
Él cuenta con el asesoramiento de la catedrática de Derecho Penal de la UCA, María Acale, y de una compañera de su despacho Mas Ortiz Abogados, Carmen Ortiz Gurría. Tras estudiar los primeros casos, está convencido de que es posible seguir tirando hacia adelante, a pesar de que la mayoría de ellos, como ha venido ocurriendo en cascada en la provincia, han venido siendo sistemáticamente archivados en los Juzgados. En su mayor parte, por prescripción del delito, tras adoptar los magistrados de la Audiencia, en pleno, la tesis de que sólo podrían perseguirse los casos posteriores a 1979. Por considerar que al alcanzar el bebé robado la mayoría de edad, los 18 años, el plazo de prescripción se fijaría desde entonces en 15 años más considerando que el supuesto delito lo habrían cometido funcionarios públicos, personal de hospitales, entre otros.
Alberto Prián y su compañera Carmen Ortiz tienen en cambio otra visión muy distinta del asunto. "Nosotros planteamos una reformulación del concepto de detención ilegal, adaptándolo a los nuevos tiempos. La tesis que están aplicando en los Juzgados se refiere más a un concepto físico, el mío, en cambio es psicológico", dice sin querer entrar en más detalles el letrado, para no anticipar la nueva estrategia que quieren plantear ante los jueces.
Además, recalca el abogado, "no hay que olvidar que el delito de detención ilegal es en concurso con otros, como falsedad documental y el de filiación". Con este último, se refiere al delito regulado en el artículo 220.2 del Código Penal, relativo a la persona que oculta o entrega a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación.
Prián no oculta que ha tenido bastante suerte. Que ha sido sumarse a la lucha y besar el santo, porque hace tan solo dos semanas que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un Juzgado de la capital que reabra la investigación de un caso de niño robado, al estimar que los delitos de detención ilegal (secuestro), suposición de parto y alteración de paternidad no han prescrito.
"Estamos contentísimos. Esta resolución es perfectamente aplicable a la zona de Cádiz", asevera el letrado, que confía en que gracias a ello, y a la reformulación que van a replantear de los casos, "se abra brecha, llegue el efecto dominó que impulse las investigaciones en la provincia".
No oculta que en Cádiz cuentan con un hándicap, y es que todavía no se ha podido probar que haya "una conexión directa" entre los casos, algo de lo que sí está él totalmente convencido. "No es lógico que en la provincia haya 200 personas afectadas. No es normal. Me llevaría una sorpresa si no hubiera conexión". Porque Alberto está convencido de que "había una red de tráfico de menores que se sustraían en Cádiz y se llevaban hacia el norte. Y allí había lo mismo".
De momento, con los casos de Cádiz no se ha conseguido que ninguno de esos supuestos implicados declare ante un juez con presencia de fiscal y acusación. Sí ha habido un caso de un médico que ha declarado, pero sólo ante el juez. Prián ha tenido acceso a esa declaración y desvela que es más que sospechosa. "Mienten, es imposible que alguien pueda recordar con pelos y señales un parto que atendió hace 40 años. Si tú no hiciste nada malo, tú no te acordarías de nada". No confía el letrado en que ninguno de los culpables vaya finalmente a derrumbarse y a confesar por remordimiento. "Una persona normal que sólo comete un delito una vez en la vida llora, pide perdón, se arrepiente. Pero esos, que parece que participaron en varias sustracciones, no tienen remordimiento alguno. Después de tantos años, lo tienen asumido".
Le reclaman y tiene que irse ya. Pero no quiere hacerlo sin antes agradecer a las víctimas "el trabajo minucioso" que han llevado a cabo, recopilando la documentación de sus casos, pese a las enormes trabas con que se topan en las distintas administraciones implicadas, y sin criticar con dureza a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y su equipo d gobierno, "por su incumplimiento total de lo prometido". Habla lógicamente de las exhumaciones en el cementerio de San José. Nada ha vuelto a saberse de ello. Los políticos no atienden a las llamadas. "Si el PP quisiera, ya se habrían llevado a cabo".
Opositor a Notaría reconvertido en letrado "por frustración", bromea, lleva dos años de ejercicio, y tiene muchas ganas. Sin perder la sonrisa, atiende a los afectados, charla con este diario y contesta a su teléfono móvil, que no para de echar humo.
Se ha sumado hace muy poco a la dura batalla que libran desde hace tres años en Cádiz los afectados para intentar conseguir averiguar la verdad, qué ocurrió con esos niños que a las pocas de nacer les dijeron que estaban muertos y que, años después, han descubierto con horror que hay muchas lagunas, muchas contradicciones y, en algunos casos, que los restos de los cuerpos de los niños no están donde les dijeron que los enterraron.
Y se ha sumado por casualidad. Por una cliente, tía de un amigo suyo, a la que conoce desde hace años y que ahora busca a ese bebé que le dijeron que murió. Por eso entró en contacto con la asociación, y por eso se ha brindado a llevarles los casos, a asesorarles, porque le ha tocado de muy cerca. Y como a todos, le ha "horrorizado y emocionado". A partes iguales.
Él cuenta con el asesoramiento de la catedrática de Derecho Penal de la UCA, María Acale, y de una compañera de su despacho Mas Ortiz Abogados, Carmen Ortiz Gurría. Tras estudiar los primeros casos, está convencido de que es posible seguir tirando hacia adelante, a pesar de que la mayoría de ellos, como ha venido ocurriendo en cascada en la provincia, han venido siendo sistemáticamente archivados en los Juzgados. En su mayor parte, por prescripción del delito, tras adoptar los magistrados de la Audiencia, en pleno, la tesis de que sólo podrían perseguirse los casos posteriores a 1979. Por considerar que al alcanzar el bebé robado la mayoría de edad, los 18 años, el plazo de prescripción se fijaría desde entonces en 15 años más considerando que el supuesto delito lo habrían cometido funcionarios públicos, personal de hospitales, entre otros.
Alberto Prián y su compañera Carmen Ortiz tienen en cambio otra visión muy distinta del asunto. "Nosotros planteamos una reformulación del concepto de detención ilegal, adaptándolo a los nuevos tiempos. La tesis que están aplicando en los Juzgados se refiere más a un concepto físico, el mío, en cambio es psicológico", dice sin querer entrar en más detalles el letrado, para no anticipar la nueva estrategia que quieren plantear ante los jueces.
Además, recalca el abogado, "no hay que olvidar que el delito de detención ilegal es en concurso con otros, como falsedad documental y el de filiación". Con este último, se refiere al delito regulado en el artículo 220.2 del Código Penal, relativo a la persona que oculta o entrega a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación.
Prián no oculta que ha tenido bastante suerte. Que ha sido sumarse a la lucha y besar el santo, porque hace tan solo dos semanas que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un Juzgado de la capital que reabra la investigación de un caso de niño robado, al estimar que los delitos de detención ilegal (secuestro), suposición de parto y alteración de paternidad no han prescrito.
"Estamos contentísimos. Esta resolución es perfectamente aplicable a la zona de Cádiz", asevera el letrado, que confía en que gracias a ello, y a la reformulación que van a replantear de los casos, "se abra brecha, llegue el efecto dominó que impulse las investigaciones en la provincia".
No oculta que en Cádiz cuentan con un hándicap, y es que todavía no se ha podido probar que haya "una conexión directa" entre los casos, algo de lo que sí está él totalmente convencido. "No es lógico que en la provincia haya 200 personas afectadas. No es normal. Me llevaría una sorpresa si no hubiera conexión". Porque Alberto está convencido de que "había una red de tráfico de menores que se sustraían en Cádiz y se llevaban hacia el norte. Y allí había lo mismo".
De momento, con los casos de Cádiz no se ha conseguido que ninguno de esos supuestos implicados declare ante un juez con presencia de fiscal y acusación. Sí ha habido un caso de un médico que ha declarado, pero sólo ante el juez. Prián ha tenido acceso a esa declaración y desvela que es más que sospechosa. "Mienten, es imposible que alguien pueda recordar con pelos y señales un parto que atendió hace 40 años. Si tú no hiciste nada malo, tú no te acordarías de nada". No confía el letrado en que ninguno de los culpables vaya finalmente a derrumbarse y a confesar por remordimiento. "Una persona normal que sólo comete un delito una vez en la vida llora, pide perdón, se arrepiente. Pero esos, que parece que participaron en varias sustracciones, no tienen remordimiento alguno. Después de tantos años, lo tienen asumido".
Le reclaman y tiene que irse ya. Pero no quiere hacerlo sin antes agradecer a las víctimas "el trabajo minucioso" que han llevado a cabo, recopilando la documentación de sus casos, pese a las enormes trabas con que se topan en las distintas administraciones implicadas, y sin criticar con dureza a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y su equipo d gobierno, "por su incumplimiento total de lo prometido". Habla lógicamente de las exhumaciones en el cementerio de San José. Nada ha vuelto a saberse de ello. Los políticos no atienden a las llamadas. "Si el PP quisiera, ya se habrían llevado a cabo".
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