Un juzgado de Cádiz había archivado la denuncia de los padres
Familiares de bebés supuestamente robados en Cádiz. / eduardo ruiz
Primero fue el no. El Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz archivó la denuncia de unos padres cuyo bebé fue dado
por muerto en 1982. Y ahora ha venido el sí. La Audiencia Provincial de
Cádiz ha decidido revocar aquel auto e insta al juzgado a continuar las
diligencias con una importante novedad: el testimonio de un médico que
certificó la defunción de aquel niño. Su nombre, según el auto de la
Audiencia Provincial, aparece en otras denuncias de casos de bebés robados.
A la madre, que dio a luz en 1982 en la entonces Residencia Zamacola, el actual Puerta del Mar de Cádiz, le dijeron que su bebé había muerto pero nadie de su familia llegó a verle. Las sospechas comenzaron con los informes médicos que le facilitaron. El certificado de enterramiento destaca que la causa de la muerte fue la “prematuridad”. Algo que entra en contradicción con el informe del ginecólogo, que resolvió que el niño había fallecido por “una gestación cronológicamente prolongada”. En el registro civil la causa de la muerte, escrita por el mismo doctor, resulta ininteligible.
Jugando con el lenguaje, el nuevo auto de la Audiencia Provincial considera “prematura” la decisión del juzgado número cuatro de Cádiz de archivar esta denuncia sin ni siquiera haber tomado declaración al médico. “Debería aclarar los términos de su certificado y, en su caso, su aparente contradicción con el resto de informes”. La Audiencia Provincial también insta a tomar muestras de ADN a los familiares si el forense estima que es viable, aunque el juzgado de San Fernando no hacía ninguna alusión a esta demanda de la familia.
Para Martín de la Herrán, el abogado que ha representado en este caso a la familia y ha colaborado con la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, esta decisión de la Audiencia Provincial gaditana es, pionera. En la práctica supone la “primera reapertura de un caso que había sido archivado por un juzgado de lo penal y una enorme esperanza para esta familia para comprobar si su bebé fue robado o no”. Según relata, los restos de este bebé ya están exhumados en el cementerio de Cádiz porque su tumba fue desenterrada por una orden judicial para poder acceder a un féretro que estaba en un nivel inferior. La Audiencia, según De La Herrán, da vía libre a su cotejo con el ADN de sus posibles padres.
Pero, además, el nuevo auto da un paso más en la aclaración de algunos de los casos denunciados, que aguardan desde hace meses novedades judiciales. La Audiencia insta a que el juzgado reabra la causa penal y se tome declaración al ginecólogo que firma estos “contradictorios” informes médicos y que, además, según este auto, aparece en otras denuncias similares en la provincia de Cádiz.
Esta novedad da nuevas esperanzas a la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, que el pasado viernes se reunió con la Fiscalía gaditana. El ministerio público les aseguró que iban a hacer todo lo posible por agotar las vías de investigación de nuevos casos, pero también les advertía de que su margen era escaso en aquellos casos donde ya los juzgados habían resuelto que el delito denunciado había prescrito. Las familias se sintieron arropadas por la fiscal y el colectivo ya prepara 25 nuevas denuncias. Se sumarán a las 300 que ya se han presentado en los juzgados, aunque la mayoría ya han sido cerradas. SOS Bebés Robados también se ha quejado de las pegas que los ayuntamientos están poniendo para exhumar los restos en fosas comunes.
A la madre, que dio a luz en 1982 en la entonces Residencia Zamacola, el actual Puerta del Mar de Cádiz, le dijeron que su bebé había muerto pero nadie de su familia llegó a verle. Las sospechas comenzaron con los informes médicos que le facilitaron. El certificado de enterramiento destaca que la causa de la muerte fue la “prematuridad”. Algo que entra en contradicción con el informe del ginecólogo, que resolvió que el niño había fallecido por “una gestación cronológicamente prolongada”. En el registro civil la causa de la muerte, escrita por el mismo doctor, resulta ininteligible.
Jugando con el lenguaje, el nuevo auto de la Audiencia Provincial considera “prematura” la decisión del juzgado número cuatro de Cádiz de archivar esta denuncia sin ni siquiera haber tomado declaración al médico. “Debería aclarar los términos de su certificado y, en su caso, su aparente contradicción con el resto de informes”. La Audiencia Provincial también insta a tomar muestras de ADN a los familiares si el forense estima que es viable, aunque el juzgado de San Fernando no hacía ninguna alusión a esta demanda de la familia.
Para Martín de la Herrán, el abogado que ha representado en este caso a la familia y ha colaborado con la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, esta decisión de la Audiencia Provincial gaditana es, pionera. En la práctica supone la “primera reapertura de un caso que había sido archivado por un juzgado de lo penal y una enorme esperanza para esta familia para comprobar si su bebé fue robado o no”. Según relata, los restos de este bebé ya están exhumados en el cementerio de Cádiz porque su tumba fue desenterrada por una orden judicial para poder acceder a un féretro que estaba en un nivel inferior. La Audiencia, según De La Herrán, da vía libre a su cotejo con el ADN de sus posibles padres.
Pero, además, el nuevo auto da un paso más en la aclaración de algunos de los casos denunciados, que aguardan desde hace meses novedades judiciales. La Audiencia insta a que el juzgado reabra la causa penal y se tome declaración al ginecólogo que firma estos “contradictorios” informes médicos y que, además, según este auto, aparece en otras denuncias similares en la provincia de Cádiz.
Esta novedad da nuevas esperanzas a la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, que el pasado viernes se reunió con la Fiscalía gaditana. El ministerio público les aseguró que iban a hacer todo lo posible por agotar las vías de investigación de nuevos casos, pero también les advertía de que su margen era escaso en aquellos casos donde ya los juzgados habían resuelto que el delito denunciado había prescrito. Las familias se sintieron arropadas por la fiscal y el colectivo ya prepara 25 nuevas denuncias. Se sumarán a las 300 que ya se han presentado en los juzgados, aunque la mayoría ya han sido cerradas. SOS Bebés Robados también se ha quejado de las pegas que los ayuntamientos están poniendo para exhumar los restos en fosas comunes.
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