El matrimonio que denunció la desaparición de sus gemelos en el hospital en 1972 presenta hoy el recurso de amparo ante el Constitucional por el archivo de la causa
E. M. CAÑAS, JEREZ | ACTUALIZADO 22.01.2014 - 08:08
A lo largo de esta mañana llegará al registro del Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por Luisa Fernanda Terrazas y Francisco Tocón contra la sentencia de la Audiencia Provincial que archivó su denuncia por el presunto robo de sus hijos en el hospital jerezano en 1972. En la mañana de ayer, el matrimonio acudió a los juzgados de la avenida Tomás García Figueras para recoger los últimos documentos necesarios para formalizar hoy este trámite. Este será el primer caso de bebés robados en la provincia que llegue al Constitucional.
Alberto Prian, uno de los abogados contratados por la asociación SOS Bebés Robados para llevar sus causas, explicó ayer que han sustentado fundamentalmente su recurso en tratar de desmontar las tesis que utilizó la Audiencia Provincial para considerar que el caso había prescrito. La controversia judicial radica en la aplicación de la caducidad del delito de detención ilegal de menores por parte de un funcionario público, que es el que se aplica para estos casos, que el Código Penal establece en 15 años. Así, la Audiencia Provincial entiende que la causa prescribe cuando la persona que supuestamente ha sido apartada de sus padres cumple los 33 años porque esta empieza a contar desde que es mayor de edad.
En cambio, en el recurso presentado, el abogado sostiene que el delito sigue existiendo y no puede iniciarse el periodo de prescripción ya que el afectado "no sabe quiénes son sus verdaderos padres, ni siquiera si es un bebé sustraído". Y para ello se basa en una argumentación recogida en un criterio establecido por la Fiscalía General del Estado a principios del pasado año. En él se marca que, mientras no se pronuncien los altos tribunales que fijen la doctrina, todos los casos que tramite el ministerio fiscal deben considerarse un delito de detención ilegal con carácter permanente, lo que supone que no hay posibilidad de que prescriban ya que se tiene en cuenta la premisa de que la víctima no sabe de su verdadera identidad. "No podemos olvidar que la detención ilegal se prolonga en el tiempo puesto que esas personas no saben que son bebés robados", sostiene el abogado.
El letrado explica que prevé que, conforme haya nuevos archivos por esta misma argumentación, se vayan nuevos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se sumarán a los ya presentados procedentes de otras provincias.
Este matrimonio llevó su caso a la Fiscalía en mayo de 2011 iniciando así un proceso judicial que derivó en el fallo de la Audiencia Provincial que lo declaró prescrito, aunque esto no ha sido óbice para seguir adelante recurriendo a las más altas esferas judiciales. Sus hijos, nacidos en 1972, supuestamente fallecieron en el hospital al poco de nacer. Sin embargo, el matrimonio asegura haber encontrando numerosas contradicciones en los expedientes por lo que tienen sospechas de que fueran entregados en una adopción ilegal.
Alberto Prian, uno de los abogados contratados por la asociación SOS Bebés Robados para llevar sus causas, explicó ayer que han sustentado fundamentalmente su recurso en tratar de desmontar las tesis que utilizó la Audiencia Provincial para considerar que el caso había prescrito. La controversia judicial radica en la aplicación de la caducidad del delito de detención ilegal de menores por parte de un funcionario público, que es el que se aplica para estos casos, que el Código Penal establece en 15 años. Así, la Audiencia Provincial entiende que la causa prescribe cuando la persona que supuestamente ha sido apartada de sus padres cumple los 33 años porque esta empieza a contar desde que es mayor de edad.
En cambio, en el recurso presentado, el abogado sostiene que el delito sigue existiendo y no puede iniciarse el periodo de prescripción ya que el afectado "no sabe quiénes son sus verdaderos padres, ni siquiera si es un bebé sustraído". Y para ello se basa en una argumentación recogida en un criterio establecido por la Fiscalía General del Estado a principios del pasado año. En él se marca que, mientras no se pronuncien los altos tribunales que fijen la doctrina, todos los casos que tramite el ministerio fiscal deben considerarse un delito de detención ilegal con carácter permanente, lo que supone que no hay posibilidad de que prescriban ya que se tiene en cuenta la premisa de que la víctima no sabe de su verdadera identidad. "No podemos olvidar que la detención ilegal se prolonga en el tiempo puesto que esas personas no saben que son bebés robados", sostiene el abogado.
El letrado explica que prevé que, conforme haya nuevos archivos por esta misma argumentación, se vayan nuevos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se sumarán a los ya presentados procedentes de otras provincias.
Este matrimonio llevó su caso a la Fiscalía en mayo de 2011 iniciando así un proceso judicial que derivó en el fallo de la Audiencia Provincial que lo declaró prescrito, aunque esto no ha sido óbice para seguir adelante recurriendo a las más altas esferas judiciales. Sus hijos, nacidos en 1972, supuestamente fallecieron en el hospital al poco de nacer. Sin embargo, el matrimonio asegura haber encontrando numerosas contradicciones en los expedientes por lo que tienen sospechas de que fueran entregados en una adopción ilegal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario