El tribunal no realiza investigaciones de hace más de 33 años porque han prescrito
PEDRO ESPINOSA Cádiz 12 MAR 2014 - 21:14
Miembros de la Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz. / EDUARDO RUIZk
La verdad no entiende de antigüedad. Es lo que piensa la asociaciónSOS Bebés Robados de Cádiz, una de las más activas a la hora de movilizarse y reunir denuncias de supuestas sustracciones de niños en hospitales de esta provincia en las últimas décadas. Sus responsables están convencidos de que en Cádiz, como en otras provincias, hubo una trama dedicada a vender niños que arrebataban de los brazos de sus madres. Pero aquí se han encontrado con un obstáculo. La Audiencia Provincial de Cádiz ha adoptado como criterio unificado no investigar casos con más de 33 años de antigüedad por considerar que, de haber delitos, éstos ya habrían prescrito. Bajo esta premisa los tribunales gaditanos han archivado 50 de las 350 denuncias presentadas.
Cada archivo es para el colectivo una derrota en su lucha. Porque supone no poder seguir investigando unos casos en los que creen que, de verdad, hubo un robo de bebés. Lo ha sufrido la presidenta de esta asociación en Cádiz, Chari Herrera, quien busca a su hermana. Según sus datos, el 90% de las denuncias presentadas en Cádiz han sido archivadas por haber prescrito al ser casos anteriores a 1981. “Es el criterio unificado en pleno por la Audiencia Provincial”, explica. Al otro 10% se le da carpetazo por no haber justificado adecuadamente la comisión del delito.
La Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz ha sido uno de los 14 colectivos que ha podido reunirse con la nueva asesora del Ministerio de Justicia en esta materia, María Paz Ramírez. Los colectivos han pedido “mayor apoyo” del Gobierno en su lucha por aclarar las detenciones ilegales de recién nacidos que se han puesto al descubierto con las denuncias de miles de familias. Su respuesta no les ha convencido. “Nos ha dicho que el ministerio no puede influir en lo que resuelvan las audiencias provinciales de forma individual pero sí pueden dar un toque a los fiscales, que contaban con una circular para atender nuestras denuncias aunque, en el caso de Cádiz, ha dejado de recurrir las sentencias de los tribunales gaditanos”, explica Herrera.
En 2013 la Fiscalía General del Estado envió una circular en la que ordenaba “agotar la investigación de las denuncias con el fin de tener un completo relato de hechos, antes de fijar posición sobre la prescripción. En todo caso, la Fiscalía General, a la espera de que los tribunales fijen una línea jurisprudencial consolidada al respecto, considera que el delito de detención ilegal es un delito permanente, por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad”. Es el matiz de la línea jurisprudencial de los tribunales lo que ha motivado que en Cádiz se haya dejado de apelar las prescripciones porque el pleno de la Audiencia gaditana tomó la decisión de archivar los casos anteriores a 1981. Decisión después asumida en Huelva.
Los colectivos de denunciantes en Cádiz lamentan esta decisión y rechazan que se haya creado un criterio único para “archivar sistemáticamente todas las denuncias por supuesto robos de bebés”. De ahí que hayan solicitado una reunión con el Consejo General del Poder Judicial. La asociación gaditana también se ha reunido con agentes del Cuerpo Nacional de Policía especializados en los delitos contra las personas para instar a que las investigaciones sobre la existencia de una trama no caigan en saco roto.
La mejor noticia para el colectivo en los últimos días ha sido la inclusión como víctimas de los bebés robados en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática de Andalucía. “Es una manera de reconocer nuestra lucha”, admite la presidenta en Cádiz. Su asociación prepara una asamblea multitudinaria para unir nuevos esfuerzos y estudiar más acciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario