Hasta
el momento, las miles de denuncias presentadas en juzgados de toda
España por el presunto robo de bebés durante el franquismo y los años
ochenta apenas han conseguido la exhumación de una veintena de
sepulturas. Sin embargo, ahora en la ciudad de Cádiz se van a abrir 49
de una sola tacada. Lo han logrado los afectados aprovechando que el
cementerio municipal está en fase de traslado y gracias a la
autorización del Ayuntamiento. Pero el desenterramiento y análisis
genético de los restos que se encuentren lo costearán ellos mismos,
puesto que las denuncias de los casos sucedidos con anterioridad a 1979
están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia de Cádiz por
prescripción del delito, contradiciéndose así con el criterio de otras
instancias judiciales del resto del país.
Puerta lateral del cementerio San José de Cádiz con la inscripción de un versículo de la Biblia (J.L.G.)
El pistoletazo de salida lo dio la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, quien en una reunión con la asociación SOS Bebés
Robados mostró la disposición del Ayuntamiento a que, dentro del
proceso de desmantelamiento del cementerio de San José y traslado de
tumbas al mancomunado, los familiares pudieran recuperar los restos que
desearan. Un portavoz municipal ha confirmado a Periodismo Humano que
el Consistorio prestará “toda la colaboración posible” en esta tarea a
los afectados por el presunto robo de bebés en la capital gaditana,
para su posterior venta en adopciones ilegales.
Gracias a esto, se han presentado hasta el momento 49
solicitudes, correspondientes a otros tantos casos ya archivados por
los juzgados. Es por ello que el coste de toda la operación tendrá que
ser sufragado por los familiares, y no por la Administración de
Justicia, que sí se hace cargo en cambio de dos exhumaciones
actualmente en marcha en este mismo cementerio, ordenadas por el
Juzgado. La concejala de Izquierda Unida (IU) Blanca Marzán ha
intercedido para prestarles el servicio gratuito de una arqueóloga. El
laboratorio New Bio Technic (NBT) realizará el análisis de ADN de los
restos que se obtengan. Para que todo ello tenga validez ante los
tribunales, la apertura de tumbas tendrá que realizarse en presencia de
un notario. SOS Bebés Robados de Cádiz ha calculado el coste total en
unos 2.000 euros por familia.
Chary Herrera, Josefa Rincón, Blanca Marzán y Jesús Alcina a las puertas del cementerio San José de Cádiz (J.L.G.)
Su presidenta, Chary Herrera, es también una de las
solicitantes de exhumación, en concreto de la supuesta tumba de su
hermana, nacida el 10 de enero de 1975 en la clínica San Rafael, adonde
se había trasladado el personal del hospital Fernando Zamacola (actual
Puerta del Mar) por encontrarse éste en obras. Tras nueve meses de
gestación, la niña nació sana, pero en su denuncia a la Fiscalía cuenta
que sus padres apenas lograron tenerla media hora, pues “vienen
contínuamente enfermeras a llevársela para enseñarla, les dicen que les
han dicho que es muy bonita y quieren enseñarla otra vez, y ellos se
sienten orgullosos pero les resulta extraño que se la lleven
continuamente”.
A las tres de la madrugada del 11 de enero vuelven a por
la niña porque, dicen, está muy enferma. La siguiente comunicación con
sus padres, según cuenta Chary, fue de un médico para informarles que
su hija había fallecido por un fallo del corazón, y que el hospital se
encargaría del entierro. El padre pidió verla, pero recibió la negativa
del equipo médico arguyendo que estaba ya preparada para la sepultura.
Finalmente, tras mucho insistir, su padre consiguió que le enseñaran
un cuerpo envuelto completamente en vendas dentro de un cajón
frigorífico. El matrimonio no fue avisado del entierro, que les cuentan
se practicó en una fosa común del cementerio de San José tres días
después.
Chary Herrera, Josefa Rincón, Blanca Marzán y Jesús Alcina a las puertas del cementerio San José de Cádiz (J.L.G.)
Los padres quedaron desolados y con la sospecha de que
alguien se había quedado con su hija, al verla “tan bonita”, pero en
aquella época el acatamiento de la autoridad estaba sellado a fuego en
la población española, especialmente en las familias más humildes. Y
así quedaron las cosas hasta que la hermana menor, Chary, acudió al
Registro Civil en 2009. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que el
certificado de defunción, firmado por un ginecólogo, señalaba como
causa de la muerte “prematuriedad”, al nacer con sólo siete meses de
gestación. Por si fuera poco, en el libro de defunciones del cementerio
consta como causa de la muerte la “maceración”, un proceso que daña al
feto unas dos semanas antes del parto debido al líquido amniótico.
Tres explicaciones distintas para una defunción presuntamente falsa. El
hospital les dijo que no guardaban ningún historial médico anterior al
año 2000, que se habían perdido.
Su hermana recibió supuestamente sepultura el 14 de enero
de 1975. Sólo en ese mes, y hasta el 10 de febrero, consta en el
cementerio gaditano el enterramiento de nada menos que 28 fetos, todos
procedentes del antiguo Fernando Zamacola. Algo que, a juicio de los
abogados de SOS Bebés Robados, es “una cifra desorbitada” que apunta a
la “comisión de delitos no sólo de forma puntual, sino como una trama
organizada”.
Otro de los que espera la exhumación de la supuesta tumba
de su hermano es Jesús Alcina. Su madre dio a luz el 28 de enero de
1983 mediante cesárea en el mismo hospital Zamacola, pero no llegó a
ver al bebé porque le comunicaron que habia fallecido por
“malformaciones incompatibles con la vida”. Sin embargo en ninguna
ecografía, la última de ellas dos semanas antes del parto, aparecía tal
anomalía. Antes al contrario, indicaban que el niño estaba
“encajonado” y no se apreciaba “ninguna malformación”. Es más, en el
test de Agbar sobre salud del feto, en una clasificación del 0 al 10,
su hermano alcanzó un 8.
“Mis padres no consiguieron verlo ni con vida ni sin
vida”, se lamenta con rabia Jesús, puesto que fue supuestamente
enterrado de forma inmediata por el hospital en las fosas comunes del
cementerio que ahora se van a abrir. De hecho, lo que puso en guardia a
la familia Alcina sobre el presunto robo de su bebé fue la llegada a
su domicilio de un carta certificada, remitida por el propio
cementerio, en la que se les entregaba un resguardo del pago de 400 de
las antiguas pesetas por los gastos del funeral a nombre de su padre,
Luis. Cantidad que el padre nunca pagó, y de hecho su firma en el
resguardo aparece falsificada.
Huellas franquistas
El documento de legajo de aborto obtenido por la familia en
1983, en plena democracia, tiene el escudo preconstitucional. Viene
firmado por el mismo funcionario del Registro Civil que suscribe un
duplicado del libro de familia expedido también por aquel entonces, y
en cuya portada figura igualmente el escudo de la España franquista,
coronado por una cabeza de águila y el lema “una, grande, libre”. Jesús
Alcina sospecha que estos documentos, sobre plantillas distintas de
las vigentes en democracia, fueron emitidos expresamente para su
familia, y para otras afectadas por el robo de bebés, por la misma
organización criminal que realizaba las adopciones ilegales, con
posibles tentáculos en diversos organismos oficiales. Se trataría por
tanto de documentos falsos.
Duplicado del Libro de Familia de familia de Jesús Alcina con el escudo franquista (J.L.G.)
Un supuesto nada descabellado es que algún ataúd aparezca
vacío. Es lo que le sucedió a Josefa Rincón, cuando trasladó el féretro
de su hijo recién nacido del nicho del San José al cementerio
mancomunado. Al abrirlo, en 2001, se encontró con que dentro no había
nada, “sólo un trozo de gasa con un esparadrapo”. Un sepulturero les
dijo que, al ser un bebé, no perduraban los restos, “y nos lo creímos”,
recuerda ahora con asombro. Al saber de la multitud de casos
denunciados o en busca de evidencia, más de 350 sólo en la provincia de
Cádiz, Josefa ha puesto los hechos en conocimiento del juez.
Ella rememora con amargura cómo dio a luz mediante cesárea
el 11 de mayo de 1984 en el Zamacola. Nació un varón de 5,5 kilos que
no paraba de llorar, “toda mi familia lo vio”. Sin embargo, una hora
después del parto les comunicaron que el bebé había muerto por
encharcamiento de pulmones. “Un niño con encharcamiento no llora con
tantas ganas”, arguye. Al igual que a Jesús, le dieron otras dos
posibles causas del fallecimiento, contradictorias con la primera: en
el Registro Civil, que tragó líquido amniótico, y en el cementerio por
ser prematuro. El médico no le dijo nada. “Salió corriendo y no volvió a
entrar en la habitación hasta que yo salí del hospital”, denuncia.
Así que, con resignación, “lo enterramos nosotros, pero no
nos dejaron ver el cuerpo”. En realidad lloraron a un ataúd vacío. En
la licencia de enterramiento figura el nombre de uno de los
facultativos, de iniciales J.L.M.O., como mandatario. Un nombre que
también se cita en al menos otros treinta casos de presuntos bebés
robados en Cádiz, al igual que el de otro doctor, con iniciales M.C.C.
Ambos ejercen todavía y, en teoría, darán cuenta de sus actos ante el
juez. Si es que el Juzgado no archiva las denuncias por considerar que
ha prescrito el delito.
Delitos de lesa humanidad
El cierre de casos por prescripción fue una práctica
habitual de los juzgados al principio de aparecer las denuncias de
bebés robados. Sin embargo, diversas audiencias provinciales, como las
de Barcelona y Huelva, han revocado autos de archivo de los juzgados y
han reabierto diversos casos de supuesta sustracción de recién nacidos
apoyándose en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el
sentido de que el delito de detención ilegal es permanente. Así, el
plazo de prescripción no empieza a correr mientras los presuntos
culpables mantengan el engaño y mientras en los registros oficiales
permanezca la falsedad documental que lo ampara. Ése es sin duda el
caso del robo de bebés.
Dentro de la propia provincia de Cádiz, los juzgados de
Jerez y Algeciras están aplicando esta interpretación. Sin embargo la
Audiencia de Cádiz, reunida en pleno el pasado 10 de febrero, decidió
continuar con la doctrina de la prescripción, contando el plazo a
partir de que el niño supuestamente robado cumpliera la mayoría de
edad, a los 18 años, y aunque éste desconozca siquiera que haya sido
adoptado. En todo caso, aplican otros 15 años porque el delito lo
cometiera un funcionario público. Así que, para la Audiencia de Cádiz,
toda detención ilegal cometida antes de 1979 está prescrita como
delito, aunque sus autores sigan vivos, mantengan el engaño y la
víctima continúe creyéndolo en la actualidad.
Zona del cementerio de San José donde se encuentran las fosas comunes de bebés que se van a abrir (J.L.G.)
La Audiencia gaditana fundamenta su criterio en la
reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que absolvía al ex juez
Baltasar Garzón del delito prevaricación por su investigación de los
crímenes del franquismo. En esa sentencia el Supremo se refiere a la
prescripción de un delito de detención ilegal perfectamente conocido
por la víctima, ya adulta en el momento de ser raptada, y cuyos autores
están necesariamente muertos, pues está hablando de las desapariciones
forzadas durante la guerra civil y la posguerra. Unos supuestos muy
diferentes de los del robo de bebés, a los que en ningún caso se refiere
expresamente el Supremo en esta sentencia.
Pero, aunque fuera así, las más recienten interpretaciones
de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés
durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un delito de
lesa humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código penal, y por
tanto jamás prescribirían. Según el jurista Miguel Ángel Rodríguez,
este delito contra la humanidad “de inicio fue político”. Se refiere al
entramado legal del franquismo que facilitó la segregación infantil y
la sustracción o eliminación de la custodia de las madres sobre sus
hijos. La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940
establecía que cualquier mujer reclusa sólo podían quedarse con sus
hijos hasta los tres años, una vez transcurridos los cuales podían ser
excarcelados y adoptados por otra familia. En la mayoría de los casos
no se llegaba a esperar ese plazo. Bastaba detener durante unas horas a
la madre, acusada normalmente de sedición, para arrebatarle a su bebé.
La Ley de 4 de diciembre de 1941 completó el andamiaje jurídico
facilitando la inscripción de los menores en el Registro Civil con
nuevos apellidos.
Mediante este engranaje, y según la investigación
realizada en su momento por Garzón, se robaron a sus familias unos
20.000 niños en España entre 1940 y 1955, para darlos en adopción a
familias adeptas al régimen. “Después –prosigue Rodríguez- aprovecharon
el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para
seguir con el negocio”. De hecho, en la propia provincia de Cádiz hay
datados casos desde 1938 hasta 1991. A su juicio, “con finalidad
económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad
política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con
sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos
que se darían en esta tragedia colectiva sufrida en nuestro país.
